Sin crecimiento económico no pueden sanearse las finanzas públicas. La economía portuguesa confirma las evidencias al respecto. Portugal tampoco puede satisfacer los objetivos correspondientes establecidos en su programa de rescate por 78.000 millones de euros. A pesar de que su Gobierno no ha regateado esfuerzos para alcanzarlos, la continua recesión que sufre aquel país ha impedido la reducción significativa del déficit público. La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo no han tenido más remedio que conceder un año más, hasta el 2014, para cumplir con el objetivo del 3% marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno portugués ha admitido que el objetivo de déficit este año será finalmente del 5% del PIB, frente al 4,5% acordado.
Esas desviaciones, lejos de sorprender, son el resultado, de todo punto previsible, del debilitamiento del crecimiento económico de los principales socios comerciales de Portugal con cuya demanda contaba su Gobierno para neutralizar la recesión que esa economía sufre. No es posible, por muy obediente que sea un Gobierno, reducir de forma significativa el déficit público si la economía contrae su PIB más de un 3%, como lo hará la portuguesa solo en este año. El desempleo, por su parte, superará al final del año el 15% y es probable que siga aumentando si la economía mantiene la recesión en 2013.
El Gobierno podría llegar a satisfacer sus reducciones de gasto público, pero alcanzar los ingresos públicos previstos no depende solo de las intenciones de las autoridades: es necesario que la actividad económica sobre la que giran las correspondientes figuras tributarias (el consumo o la generación de rentas) no se desplomen. Y eso es lo que está ocurriendo en Portugal, al igual que en las restantes economías de la Eurozona embarcadas en esos voluntaristas programas de una mal entendida austeridad.
Para que no quepan dudas de la disciplina del Gobierno conservador, este acaba de anunciar un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y un descenso de las correspondientes a las empresas. El resultado más explícito de esa decisión será una contracción adicional de la renta disponible de las familias y un consecuente debilitamiento adicional de sus decisiones de gasto. Las empresas, sin embargo, no van a cambiar de forma significativa sus decisiones de empleo o de inversión por ese ahorro en costes si la demanda interna y externa siguen deprimidas. El resultado no será otro que una erosión en las ya muy dañadas condiciones de vida de los portugueses sin la compensación del saneamiento esperado en las finanzas públicas.
Portugal es el caso más representativo de que la asunción de la austeridad en solitario no aporta los resultados pretendidos. Esa flexibilización del objetivo de déficit probablemente no será la última, acentuando la falta de verosimilitud que las políticas presupuestarias están generando no solo en los agentes económicos de los países que las practican, sino en el conjunto de la comunidad internacional, incluidos los inversores en bonos. La hora de corregir esos monocultivos depresivos hace tiempo que llegó. Y la salida de la crisis en la Eurozona hace tiempo que demanda estímulos claros al crecimiento, que favorezcan también el aumento de los ingresos públicos.
*Editorial do El País, que hoje dedicou um trabalho inteiro a Portugal
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